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En Colombia

Con derecho de petición, exigen a la Dirección de Inteligencia informar posibles chuzadas a la oposición

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Las revelaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación sobre el posible regreso de las ‘chuzadas’ en Colombia, tras el caso de Laura Sarabia, jefe de gabinete del Gobierno y las posibles interceptaciones a su exniñera Marelbys Meza, ha desatado un revuelo político.

Varios dirigentes políticos y congresistas cuestionan la posibilidad de que se estén repitiendo los mismos casos ocurridos hace varios años, cuando se adelantaron ‘chuzadas’ ilegales a personalidades del país, sindicalistas, líderes sociales y periodistas.

A raíz de esto, la oposición envió un derecho de petición a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para que responda si se están haciendo o no este tipo de interceptaciones.

El documento enviado por el senador David Luna, advierte que se podrían estar adelantando hechos ilegales por parte de esta entidad haciendo procesos de verificación de mensajes de Whatsapp, a través de una agencia en Brasil.

De igual forma, Luna le pregunta a la Dirección de Inteligencia si es cierto que se han arrendado apartamentos cercanos a las viviendas de varios miembros de la oposición, para conocer de sus movimientos, citas, o personas con los que están sosteniendo reuniones.

Según Luna, el propósito de esta práctica es elaborar reportes para ser entregados posteriormente al presidente de la República, Gustavo Petro, con información relacionada con estos seguimientos y perfilamientos ilegales.

“Es increíble que el presidente, quien fue víctima de estas interceptaciones ilegales, ahora sea un posible victimario. En espera de respuestas, lo que comprobaría esto es que el DAS ahora es la Dirección Nacional de Inteligencia, mismas mañas, diferente nombre”, indicó.

“¿Estamos ante chuzadas 2.0? De ser así, hoy los periodistas, la oposición y todos quienes pensamos distinto al Gobierno, estamos en riesgo”, añadió el congresista de Cambio Radical.

En el derecho de petición también se le pide a la Dirección de Inteligencia que informe si es cierto o no que se estarían adelantando interceptaciones a oficiales retirados de la Fuerza Pública y a exfuncionarios del Gobierno anterior.

Además, solicita informar si se han adquiridos equipos de interceptación de comunicaciones sin reportar la compra de los mismos y sin informar a la Fiscalía General de la Nación, que es la única entidad autorizada para realizar este tipo de operaciones.


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