Posible escasez de pasaportes por lío con millonario contrato

Un lío con un multimillonario contrato por el que compiten importantes compañías nacionales e internacionales amenaza con una escasez de visas y pasaportes nunca antes vista en el país. Se trata de un proyecto que costará casi medio billón de pesos y cuya licitación está en la lupa de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades con los cronogramas y requisitos.

El problema se reduce a una sola compañía: la multinacional Thomas Greg and Sons (TGS), una poderosa empresa familiar que tiene presencia en 12 países y que ha dominado esa contratación pública para la impresión de pasaportes durante los últimos 17 años.

Con las condiciones actuales, las otras 10 multinacionales que están interesadas en la contratación quedarían por fuera dada la cantidad de requisitos, excepto TGS, quien parece tener una “licitación de bolsillo” preparada para que solo ellos puedan ganar.

Del otro lado, entre las empresas que están alertando por supuestos beneficios para Thomas se encuentran gigantes como Veridos, la imprenta nacional alemana; InGroup, encargada de esos documentos oficiales para Francia, Perú y varias naciones más y Cadena, una firma paisa aliada a la Casa de Moneda de Portugal que hoy les imprime pasaportes y documentos oficiales a varios países de Europa y América Latina.

Para empezar, la licitación ofrece 600.000 millones de pesos para “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”, todo eso durante los tres años que le restan al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Con todo esto, la Cancillería podría estar en riesgo de desabastecimiento de visas y pasaportes en todo el territorio nacional pues, según información oficial, el contrato actual para la impresión de dichos documentos está firmado con Thomas Greg hasta el próximo 31 de agosto y ha sido prorrogado en tres ocasiones: una durante el gobierno de Iván Duque y dos en el de Petro.

Si la Procuraduría encuentra suficientes elementos para investigar a fondo la licitación, la contratación podría darse aún más tarde y dejaría un bache de tiempo sin la impresión de esos documentos oficiales.

Así las cosas, por lo menos tres de los oferentes coinciden en que el Ministerio de Relaciones Exteriores solo tiene una opción si pretende hacer un proceso transparente: declarar una urgencia manifiesta que le permita extender el contrato actual por unos 6 meses más e iniciar un nuevo proceso con condiciones reales e igualitarias para todos los oferentes.