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En Pereira buscan soluciones al hacinamiento en la UPPV, que ya supera el 200 %
La situación de hacinamiento que ha sido denunciada por las personas que se encuentran los diferentes centros de detención del departamento y confirmada por el Ministerio Público, se registra igualmente en la Unidad Permanente de Protección a la Vida de Pereira, donde el hacinamiento supera el 200 %.
Pese a que las mismas autoridades han indicado que la solución es a largo plazo con la adecuación y construcción de nuevos centros de detención con condiciones dignas para los privados de la libertad, el defensor del pueblo en Risaralda, Fustel Manyoma, señaló que el hacinamiento se ha visto compensado en la UPPV con algunos programas sociales que la administración municipal ha implementado en este lugar.
“En el caso particular de la UPPV, hay un hacinamiento porque son cerca de 280 personas privadas de la libertad en un establecimiento cuya capacidad es de hasta 90 personas. La situación se ha visto compensada con los programas sociales que se han implementado, la adecuación de las canchas para que la gente pueda salir a hacer deporte, a recibir sol, pero que hay un hacinamiento muy alto, es una realidad”, indicó.
Explicó que la atención en salud, que también era un inconveniente denunciado por las personas detenidas en la UPPV, se ha buscado mejorar con la contratación de más personal y de nuevos convenios con dispensarios de medicamentos.
“Van a poner una lavadora, se van entregar colchonetas, van a llevar un médico y una enfermera más para la atención a las personas enfermas, se contrató con unas IPS y dispensarios de farmacias para el tema de entrega de medicamentos. Se ha intervenido para que haya una mejoría en la vida de las personas que están detenidas”, señaló.
Para hacer frente a esta situación, que ha sido analizada por las autoridades departamentales y las alcaldías de Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal, se adelanta un convenio entre la Gobernación de Risaralda y el INPEC y otro con la Alcaldía de Pereira, para el traslado y atención a los privados de la libertad.