Empresas de energía se están quedando con millonarios recursos públicos de subsidios que no les corresponden

Luego de un Actuación Especial de Fiscalización al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingresos -FSSRI, que administra el Ministerio de Minas y Energía, la Contraloría General de la República encontró que no ha habido una debida aplicación de los recursos invertidos en el mismo por parte de algunas empresas comercializadoras de energía. 

Es el caso de DICEL, con sede principal en Cali, y de A.S.C. Ingeniería S.A. E.S.P., ubicada en Pasto, que con sus incumplimientos en los giros al Fondo habrían ocasionado un presunto detrimento patrimonial, de $31.192 millones en el primer caso, y de $1.015 millones en el segundo. 

Ante esta situación, la Contraloría realiza un seguimiento para constatar si la conducta detectada en estas dos empresas se está presentando en el resto de las compañías que tienen las mismas obligaciones.  

De las 61 comercializadoras de energía ya se han revisado 9 y se examina a las demás, hasta establecer que todas estén cumpliendo sus obligaciones.  

“Es inadmisible que estos recursos públicos que tienen la finalidad de subsidiar a los estratos de menores ingresos en el país se estén quedando en el bolsillo de unos agentes privados, por la falta de control efectivo del Ministerio de Minas y Energía”, manifestó el Contralor Delegado para este sector, Orlando Velandia Sepúlveda. 

Incumplimiento y posible pérdida de recursos públicos 

Como resultado de la evaluación realizada por la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, sobre las vigencias 2018-2020, se evidenció que la Empresa Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. – DICEL no giró a los comercializadores incumbentes* (CODENSA y EMCALI, entre otras) ni al Ministerio de Minas y Energía las contribuciones recaudadas de los usuarios comerciales y residenciales de los estratos 5 y 6, correspondientes al período comprendido entre el cuarto trimestre de 2017 hasta el cuarto trimestre de 2020 inclusive, que suman $31.192 millones.

La situación descrita fue ocasionada por la falta de seguimiento por parte del Ministerio de Minas y Energía a los reportes que presentan los comercializadores, conforme lo establecido en la ley y en sus procedimientos internos, así como al incumplimiento por parte de DICEL de los términos consagrados en la norma para realizar las transferencias de las contribuciones. 

Estos hechos conllevaron a que el Ministerio de Minas y Energía, a través del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingresos, tuviera que girar vía subsidios estos recursos a cada una de las empresas incumbentes para cubrir el valor dejado de pagar en su momento por DICEL por concepto de las contribuciones ya recaudadas; ocasionando así un presunto detrimento al erario por la suma de $31.192.410.862. 

En desarrollo de su plan anual de vigilancia fiscal, la Contraloría General de la República encontró que empresas comercializadoras cuyo balance generó superávit NO transfirieron los dineros recaudados al Fondo FSSRI, necesarios para cubrir los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. 

Dichas empresas (DICEL y A.S.C. Ingeniería S.A. ESP) han venido apropiando estos recursos para apalancar su operación comercial desconociendo que son de carácter público, destinación especifica y de pago obligatorio.