Shakira podría ir a juicio por presunta evasión fiscal

La cantante colombiana presentará recurso contra la decisión del juez de procesarla por evitar el pago de 14,5 millones de euros a Hacienda. La decisión retrasará el próximo paso que debe dar la Fiscalía: concretar la pena de prisión que solicita para la artista por seis delitos fiscales.

La defensa critica con dureza que el caso vaya a llegar a juicio e insiste en que no hay pruebas directas de que, entre 2012 y 2014, Shakira pasara “más de 183 días en España”, el requisito que marca la ley para que un ciudadano sea considerado residente fiscal. Insiste en que la Agencia Tributaria solo dispone de pruebas “indirectas”, que no se ajustan a los requisitos que exige la jurisprudencia. La versión oficial de sus abogados es que durante ese tiempo residió en Bahamas, donde había comprado una casa años antes.

Los técnicos de Hacienda, sin embargo, desmontaron esa tesis analizando su vida diaria en Barcelona junto a Gerard Piqué. Llegaron a la conclusión de que las numerosas ausencias de Shakira de España —especialmente, para atender compromisos profesionales— fueron “esporádicas”, ya que cuando debía regresar a casa volvía siempre a Barcelona.

Las mismas fuentes recuerdan que la artista “ha pagado la totalidad de la suma que se le imputa hasta ahora, por lo que no tiene deuda tributaria pendiente”. Shakira ha abonado más de 41 millones de euros: 24 de ellos corresponden a un expediente abierto por la Agencia Tributaria que se quedó en la vía administrativa porque, cuando la Fiscalía se querelló contra la cantante en 2018, ese ejercicio fiscal ya había prescrito. Los otros 17,5 millones abonados se corresponden con la cuota defraudada (más los intereses) en los años que se investigan en el proceso penal.

Un juez de Esplugues de Llobregat concluyó hace unos días que hay “indicios suficientes” para que el caso Shakira se dirima en una vista oral. La defensa de la cantante afirma que el magistrado “no ha abordado el tema en discusión” y critica que haya “confundido una cuestión técnica de índole jurídica con un problema de prueba”. Esa es una de las razones que llevará a los abogados a recurrir el auto directamente ante el órgano superior, la Audiencia de Barcelona, que deberá decidir si lo mantiene o lo revoca.