Contraloría alerta sobre concentración de créditos subsidiados para el agro en emergencia por Covid-19.

Cerca del 90 por ciento de los recursos de crédito destinados para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia, se están concentrando en manos de beneficiarios que los están utilizando en actividades no productivas.

Así lo evidenció la Contraloría General de la República, a través de su delegada para el sector agropecuario, al examinar detalladamente el comportamiento de las colocaciones hechas por Finagro dentro de la Línea de Crédito Colombia Agro Produce.

Finagro es uno de los mayores colocadores de crédito oficial en el país y del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, sus colocaciones en total superan los $6,1 billones, de los cuales $4,8 billones (el 78%) han sido para los grandes beneficiarios, que son personas con activos superiores a los 5.000 salarios mínimos mensuales.

Los medianos productores han recibido $710 mil millones (12%), mientras que los pequeños, incluidos en esta franja aquellos cuyos activos no superan los 280 salarios mínimos, han recibido $630.000 millones (10%), suma considerada pequeña dentro de ese universo.

Productores agropecuarios son los menos beneficiados

En cuanto a  la línea especial de crédito (LEC) Colombia Agro Produce, lanzada en respuesta a la emergencia, grandes agroindustriales y comercializadores se quedan con la mayor parte de los recursos colocados.

En un análisis sobre el tema, el equipo de trabajo de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario encontró que de los $226.000 millones colocados hasta el 8 de abril, $213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, 

$8.300 millones para medianos, y sólo $4.200 millones para pequeños productores.

El informe detalla que de los $226 mil millones, $196.133 millones se colocaron por rubros de comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos.

“(Los recursos) se colocan -explica el documento- sin controlar la afectación por la emergencia y su destinación, de tal manera que no surte efecto lo dispuesto por la CNCA (Comisión Nacional de Crédito Agropecuario) y la Circular 11 de Finagro, que estableció que los grandes clientes no pueden acceder a la línea para comercialización”.

“A la fecha la línea no les está llegando a los productores agropecuarios, sino a grandes agroindustriales, comercializadores y prestadores de servicios”; explican los investigadores de la CGR.

De acuerdo con la normatividad de emergencia, esta línea de crédito debería estar focalizada en actividades de producción de alimentos o en factores que impacten o protejan el empleo.

Más reparos

Otro elemento del desequilibrio relacionado con la destinación de estos recursos se refleja en el hecho de que Bogotá concentra el 35.6% de las colocaciones de emergencia, mientras que sólo el 24% de municipios han tenido acceso al crédito.

Y un reparo de fondo hecho por la Contraloría es que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario no contempló como requisito la demostración de la afectación de los solicitantes del crédito y Finagro partió de la base de que todo el país se encuentra afectado, y bajo esa premisa general, no focalizó los recursos a los pequeños productores.